Los españoles podrían ahorrar 5.200 millones al año cambiando la tarifa del móvil

Los españoles podrían ahorrar 5.200 millones de euros al año en telefonía móvil manteniendo el consumo si eligieran una tarifa más barata, según una encuesta realizada por la OCU entre más de 4.000 usuarios.

De acuerdo con la asociación de consumidores, es precisamente en la política de precios donde más diferencias se aprecian entre las distintas compañías de móvil. No obstante, a pesar de que la factura es una de las quejas más recurrentes entre los consumidores, la mitad de los usuarios reconoce que nunca ha cambiado de tarifa.

Así, los clientes de los operadores móviles virtuales (OMV) Pepephone, Másmovil y Symio son los que se muestran más satisfechos con su compañía debido a unos precios más económicos y transparentes y a su mejor atención al cliente, mientras que Pepephone, Yoigo y Euskaltel son los que menos reclamaciones han recibido, según esta misma encuesta.

Entre las quejas más habituales se encuentran las esperas en el servicio de atención al cliente que se suma, según los usuarios, a la "poca amabilidad" de los que atienden estos servicios. En concreto, Movistar, Vodafone y Orange son los peor valorados en este aspecto. En cuanto a la calidad de las llamadas, el 11% de los encuestados afirma que esta prestación es a menudo "mala" y un 33% considera que lo es a veces.

El sector con más reclamaciones

Según el estudio, un 67% de los encuestados nunca ha utilizado la conexión a internet con el móvil y, para los que la usan, la limitada estabilidad de la conexión y la escasa velocidad de la descarga son los principales motivos de queja.

La OCU recordó además que el sector de telecomunicaciones es el que mayor número de reclamaciones acumula debido a entre otros motivos a la aplicación de una tarifa incorrecta o de un servicio no solicitado.

Así, España se sitúa por detrás de Bélgica, Portugal e Italia en lo que a satisfacción media de los usuarios de telefonía móvil se refiere. Por este motivo, la asociación insta a la Administración a que la futura ley de servicio de atención al cliente aborde de manera "eficaz" el problema de calidad de estos servicios y a que desaparezcan las barreras para lograr una "efectiva competencia" en el sector.